Etica y poder
   
    No es extraño que una gran diversidad de conductas de funcionarios públicos se sitúen por debajo de la ética, es decir, al margen de lo que debe ser una conducta intachable en el ejercicio de responsabilidades gubernamentales. Hay quienes anhelan un cargo público porque piensan que les redituará mucho sin saber que los tiempos han cambiado y que, poco a poco, se va imponiendo una cultura de trabajo, de transparencia y rendición de cuentas.
    Una sociedad bien ordenada, fecunda y sabia requiere gobernantes investidos de legítima autoridad, que defiendan las instituciones y consagren, en la medida suficiente, su actividad y sus desvelos al provecho abundante del país. Es decir, personas capacitadas, prestigiadas y reconocidas que proyecten confianza entre los gobernados. El voto de los ciudadanos tiene el propósito, al menos más claramente en estos tiempos, de tener en los gobiernos a personas rectas, capaces y sencillas que obedezcan los dictados de la sociedad.
    En consecuencia, no abonan al bien general aquellos funcionarios que, en el ejercicio de los cargos hacen como que se interesan por la comunidad cuando, en realidad, se interesan más por si mismos. Hacen mucho mal, en consecuencia, los depredadores que circunstancialmente y aprovechando la benignidad de muchos se instalan en las sedes del poder para satisfacer sus ambiciones personales.
    Si nos atenemos a la confesión tan delicada del alcalde de Manzanillo, Nabor Ochoa López en el sentido de que su antecesor en el cargo derrochó recursos económicos que no eran suyos, estamos no solamente ante una conducta digna de ser repudiada por los ciudadanos sino ante la presencia de ilícitos que deben ser penados. Pienso que los fraudes y todos aquellos subterfugios mediante los cuales escapan algunos a la obligación de la ley y a las prescripciones del deber social deben ser penados por ser incompatibles con las exigencias de la justicia.
    El alcalde manzanillense, que luce de peso completo en la arena política estatal y parece ir en caballo de hacienda hacia un futuro político mejor, puesto que lleva cuatro elecciones ganadas y cero perdidas, puede complementar su crítica pública hacia Virgilio Mendoza gestionando ante quien corresponda la restauración de los daños infligidos a la hacienda municipal, si es que ocurrieron. No son pocos los 25 millones de pesos que, presume el alcalde y uno más de los regidores gastó aquel en convites. Esta acción será muy valorada por sus conciudadanos.
    Pero no o solamente en Manzanillo sino también a nivel federal se cuecen habas en este ámbito tan difícil de la ética y la moral. Cuando Felipe Calderón fungió como director de Banobras, se adjudicó a si mismo un crédito hipotecario al que no tenía derecho, el cual devolvió ante el gran alud de críticas. Poco antes que él, en esta misma dependencia, el ahora presidente de la OCDE, José Ángel Gurría, se había jubilado en ese Banco a una edad tan temprana que no pudo evitar sospechas de que se estaba beneficiando a si mismo.
    Una referencia más: hay gobernadores que se adjudicaron – cuatro del PAN y uno del PRI – sueldos estratosféricos por arriba de los presidentes Fox y Calderón. Incluso, un alcalde del Estado de México se puso un sueldo por arriba del presidente Calderón argumentando que “tenía mucho trabajo”.
    Un ejemplo más de la falta de ética fue el de los altos salarios que se fijaron los consejeros del IFE, intento que no fructificó por la presión de la opinión pública. Ahora mismo, el secretario de Agricultura del gobierno federal fue ubicado como un funcionario que haciendo uso del poder que le confiere el cargo se adjudicó a si mismo créditos agrícolas a los que no renunciará “por ética” según dijo. En esta dependencia, debe saber el lector, se beneficia a poderosos empresarios amigos del gobierno del cambio y familias de narcotraficantes. En el Poder Judicial, por igual, los magistrados se asignan sueldos estratosféricos superiores a lo que gana, por ejemplo, el presidente estadounidense Barack Obama.
    Urge la instauración de una ética pública en el país que proteja los intereses de todos y que los hombres del poder pregonen con el ejemplo de sus actos buenos. La sociedad debe insistir en que haya contrapesos para llegar al punto de que el poder – esto es una utopía por ahora - se controle a sí mismo.