BIPARTIDISMO A LA MEXICANA:
    La intelectualidad orgánica se ha esmerado al explicar que en los regímenes democráticos del mundo, los acuerdos entre las fuerzas políticas son cosa de todos los días. Incluso los pactos por escrito, firmados por los dirigentes del partido gobernante y de algún sector de la oposición, se podrían explicar en la lógica de los equilibrios del poder.
    Y, ciertamente, estos acuerdos son comunes en los sistemas parlamentarios donde, con tal de integrar una mayoría, se protocolizan los programas que el Gobierno ha de aplicar con base en las agendas de cada uno de los partidos que forman un bloque.
    En ese contexto, nada tendría de extraordinario que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, suscribiera el documento como testigo de honor. De este modo, el PRI y el PAN mostrarían públicamente que son aliados en un proyecto de gobierno cuyo propósito no es otro que garantizar la vigencia del modelo económico neoliberal.
    No lo hicieron público porque la cúpula priísta sigue insistiendo en que el partido es, antes que institucional, revolucionario; mientras la dirigencia panista postula que la misión histórica de Acción Nacional es democratizar al país por la vía de desplazar al tricolor de sus posiciones de poder. En realidad, el PRI cogobierna con el PAN, en un bipartidismo a la mexicana.
    Este bipartidismo resulta de una alianza obligada por las circunstancias de que el blanquiazul no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y depende también del PRI para operar las iniciativas presidenciales en el Senado.
    El Revolucionario Institucional resulta partido bisagra en ese otro poder no constitucional que ha venido a suplantar a la representación de los estados en la Cámara Alta: la Conferencia Nacional de Gobernadores, expresión simbólica del peso específico que tienen los mandatarios estatales, ya no como sátrapas del emperador sexenal sino como vasallos, esto es, virreyes presupuestalmente sometidos al poder central pero soberanos en su autoridad local.
    Está claro que el bipartidismo corresponde a una correlación de fuerzas donde los partidos de centro y derecha dejaron fuera a las formaciones de izquierda, cuyo triunfo en la persona de Andrés Manuel López Obrador le fue negado en 2006. Con esta alianza centro-derechista, se impidió una alternativa social-demócrata al modelo económico.
    Es un cogobierno eficaz pero no es ni mucho menos una relación estable: el PRI pretende recuperar la Presidencia de la República y restaurar de ese modo el antiguo régimen; el PAN aspira a reducir las parcelas de poder que le restan al tricolor en los estados, así sea a costa de aliarse localmente con el PRD y otras fuerzas de izquierda, con tal de acabar con algunos cacicazgos priístas.
    El contenido del acuerdo que el dirigente nacional del PAN, César Nava, dio a conocer, implicaba el compromiso del PRI de apoyar desde el Congreso de la Unión las políticas económicas del gobierno calderonista, a condición de que el PAN no formara coaliciones que amenacen la hegemonía del Revolucionario Institucional, específicamente, en el Estado de México.
    Nava justificó que el PAN haya roto el acuerdo en los estados donde este año habrá elecciones, fundamentalmente, en Oaxaca, diciendo que la bancada del PRI no cumplió con el acuerdo cuando la Ley de Ingresos pasó a revisión en el Senado. De esta manera, además, se cura en salud respecto a lo que ocurrirá con Acción Nacional en el marco de la sucesión de Enrique Peña Nieto, en 2011.
    Revelar semejante acuerdo, con la afirmación absurda de que Felipe Calderón no fue enterado de la firma del documento ni por el presidente nacional del PAN ni por el secretario de Gobernación, es un salto suicida para un dirigente que tiene sus días contados en el partido.
    Pero Nava no se hunde solo: Beatriz Paredes ha quedado expuesta como una líder dispuesta a avalar nuevos y más altos impuestos, reducción de subsidios en los combustibles y aumentos en las tarifas de otros servicios públicos; medidas impopulares que lastiman la economía de las familias, agudizan la pobreza e irritan todavía más a la población.
    Y todo para qué, ¿para proteger la precandidatura presidencial de Peña Nieto?